Declaración
El mundo rural español es una más de las víctimas de
nuestro sistema político actual, que no representa los intereses reales de los
españoles, sino sólo los intereses políticos de los partidos «institucionales».
Estos solo están preocupados por ejercer el poder no en la búsqueda del bien
común, sino del bien particular de sus partidos, y eso pasa por obtener el
máximo número de escaños, que se concentran en las grandes ciudades, y no en el
85 % restante del territorio nacional, ocupado por el mundo rural.
Por eso, desde el poder ni se comprende al campo, ni se
preocupan por él.
Los problemas del campo son muchos, y no se aborda
ninguno:
1º.- La pérdida
de la dignidad de la vida rural, pues actualmente desde el ámbito político
y mediático todo se piensa y se hace desde la óptica de las grandes ciudades.
Por eso el carlismo propone que toda la legislación económica y acción política
se haga desde la perspectiva rural.
2º.- La «eficiencia» y la «rentabilidad económica» rige actualmente todas las decisiones que afectan al mundo laboral y a la distribución de medios públicos. Por ello, los dispensarios sanitarios rurales, las escuelas rurales, los negocios en el ámbito rural (establecimientos comerciales, bancarios, etc.) y tantas otras cosas quedan completamente descartados, pues no tienen la misma rentabilidad que en las grandes agrupaciones urbanas. Por eso el carlismo propone volver a una economía centrada en el hombre, y no en el reparto de dividendos. Una economía que favorezca el fortalecimiento de la comunidad política de cercanía aun a costa de la rentabilidad económica a corto plazo.
3º.- La legislación
desbordada y desinformada, que no hace nada más que criminalizar al mundo
rural. Así, por ejemplo, la caza y la pesca es necesaria para mantener el
equilibrio ecológico, que está fundado en la participación del ser humano como
depredador. Seguir restringiendo más allá de lo razonable, y sin fundamentación
real alguna, estas actividades, no salva a la naturaleza, sino que la condena.
4º.- El empobrecimiento
rural, cada vez mayor, y motivado por la constante intervención de las
diversas administraciones (desde la local hasta la comunitaria) que no llegan a
asumir que es necesario que España tenga «soberanía alimentaria» y que
no dependamos, para nuestro sostenimiento, de importaciones de otras naciones.
En la actualidad, sin embargo, desde las diversas administraciones se favorece
la competencia desleal con los productos procedentes de países extracomunitarios,
pues a la producción agrícola y ganadera de estos países se le exige unos
estándares de calidad y de regulación laboral mucho más livianos que a nuestra
producción autóctona.
5º.- Y finalmente, el avance constante y sostenido de la despoblación del ámbito rural. El problema más grave de todos los países occidentales es, precisamente, la despoblación, pues de seguir con los actuales índices de natalidad los europeos seremos una minoría en nuestro propio continente dentro de dos generaciones. Sin embargo, el ámbito rural, acostumbrado a una vida mucho más cercana a los ritmos naturales, es el espacio adecuado para poner en práctica una auténtica política de apoyo a la natalidad que no se quede en la mera imagen. Nuestro derecho histórico contiene soluciones que adaptadas a los nuevos tiempos serán tan válidas como lo fueron en el pasado. Los fueros y las cartas pueblas hacían atractivo el aumento de la población en determinadas regiones a través de la aplicación de beneficios tributarios y regulativos. En la actualidad, la aplicación de beneficios fiscales y legislativos a las empresas que se radiquen en el ámbito rural, o a las familias que se domicilien en el mismo, garantizará la sostenibilidad de nuestro propio ser comunitario, amenazado y en peligro de extinción.
Por eso el Carlismo recuerda que el Campo es Tradición, y que luchar por la dignidad del ámbito rural es hacer Patria. Por ello todas las fuerzas políticas que se empeñan en dar la espalda al campo, lo que hacen es dar la espalda a la España Real. Nuestra libertad política se fundó históricamente (pues no puede tener otro fundamento) en la libertad municipal: si olvidamos la libertad para el bien del ámbito rural, ponemos en peligro todas las libertades cívicas y políticas, pues un pueblo no puede ser libre cuando no es capaz de tratar con justicia a quienes se dedican a cubrir las necesidades más básicas de sus compatriotas.
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