Nota de Prensa
(8/2/25. NOTA DE PRENSA) – El Banco de España y el Consejo de la Juventud, en informes recientes, así como otros organismos gubernamentales o sociales están advirtiendo de la alarmante situación de nuestros jóvenes en relación con lo que la constitución del 78 -papel mojado una vez más- denomina (art.47) “derecho a la vivienda”.
La situación es preocupante. En diez años el precio medio de la vivienda ha subido un 70%. La inestabilidad laboral, los sueldos precarios y las dificultades para asumir un fuerte endeudamiento hacen imposible en muchos casos pensar siquiera en la compra de una vivienda. La edad media de emancipación en España es de las más altas de Europa (30,4 años). El 66% de los menores de 35 años vive con sus padres. En veinte años el número de jóvenes dueños de su propia vivienda ha pasado del 70% al 30%. El Consejo de la Juventud de España habla de “la generación inquilina”. La emancipación juvenil se produce en edades tardías y aún así no es verdadera emancipación pues, para hacer frente al precio de la hipoteca o del alquiler, prácticamente la mitad de los jóvenes se ve obligado a convivir con otras dos, o tres, o más personas. Además el 30% de ellos mantiene su vivienda gracias al apoyo económico familiar.
Los sucesivos gobiernos están demostrando su incapacidad para cambiar la tendencia. Los planes de ayuda, subvenciones o bonificaciones fiscales fracasan uno tras otro. Y no puede ser de otra manera pues estamos ante un problema profundo que requiere algo más que una mera gestión económica: los planes de vivienda juvenil están en abierta contradicción con unas políticas que, de forma cada vez más explícita, desalientan a los jóvenes y ridiculizan la misma idea de constituir una familia. Décadas de empeño descristianizador, de ideologización anti-matrimonio y anti-natalidad han sembrado en muchos jóvenes miedo al futuro, al compromiso y a la vida misma. La primera tarea es por tanto acometer una reflexión sobre si el ideal de vida hedonista que las ideologías están inculcando en niños y jóvenes es el más adecuado para que surjan familias fuertes.
Los carlistas nos sumamos a las voces que, por puro sentido común exigen las siguientes medidas:
- Eliminar trabas burocráticas y una regulación excesiva de desincentiva tanto la construcción como el alquiler.
- Reducir o eliminar todos los impuestos que dificulten el acceso a la primera vivienda.
- Introducir una legislación firme que acabe con el fenómeno de la ocupación ilegal.
- Facilitar la rehabilitación de viviendas.
- Dar preferencia a los vecinos allí donde sea posible.
- Introducir una buena educación financiera en los planes de enseñanza.
Sin embargo, ninguna de estas medidas será eficaz por sí sola si se rehuye el fondo de la cuestión: sólo aquellos jóvenes dispuestos a sacrificarse para formar familias fuertes lograrán esa “vivienda digna” que prometía el sistema. Para vivir como individuos serviles al estado y a las oligarquías es posible que un piso compartido sea más que suficiente.
Comisión Permanente de la Junta de Gobierno de la Comunión Tradicionalista Carlista
